jueves, 8 de octubre de 2015

En el mismo fallo, el esposo de la exdirectora de la escuela albergue recibió una pena de 10 años. Para la defensa, la causa por explotación de niños es una persecución política y cruel.


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, por unanimidad, condenó a Eva Ortiz a 12 años de prisión y a Walter Cuéllar a 10 años de reclusión, al considerarlos responsables del delito de captación, transporte y acogimiento de menores con fines de explotación laboral, con los agravantes de ser más de tres las víctimas, y encontrarse bajo la guarda, por ser alumnos de la escuela donde se desempeñaba Eva Ortiz como docente y directora.

Las durísimas condenas sufridas por la exdirectora de la escuela albergue y su esposo fueron escuchadas por sus tres hijos menores de edad, desde los pasillos del Juzgado Federal, donde, sorprendidos por la noticia, quebraron en llanto.

Los menores se educaron también en El Destierro, la misma escuela en la que, a la razón de la acusación debieron haber sido explotados junto al resto de la población escolar por sus propios padres, cosa que siempre negaron.

Los hijos de la docente desde hace cuatro años quedaron prácticamente en la orfandad, al cuidado de familiares y, en algún momento, distribuidos en distintas ciudades de Argentina.
Cosa juzgada

Walter Díaz, abogado del matrimonio sancionado a más de una década de cárcel, dijo: "Queda pendiente conocer los fundamentos de la sentencia; para saber en qué pruebas y qué valoración se les da a las mismas para condenar, porque una sentencia requiere certeza positiva de la ocurrencia de los hechos y de la responsabilidad de los imputados; mientras que para el procesamiento solo bastaba la probabilidad, la sospecha de que ocurrieron los hechos que se les imputó".

"Desde nuestro punto de vista, con las pruebas producidas durante los diez meses de debate no se alcanzó el grado de certeza para condenar y en el peor de los casos solo quedaron dudas. Una vez conocidos los fundamentos, recurriremos en Casación, porque hay una errónea aplicación del derecho sustantivo (la ley que se aplicó por hechos no probados) y si se valoró la entrevista de los menores en Cámara Gesell que se llevó a cabo durante la instrucción, por ser nula, hará nula toda la sentencia", añadió.
Por otro lado, el abogado también hizo reserva del caso federal, para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por intermedio del recurso extraordinario, "porque se violaron garantías constitucionales que colisionan con leyes ordinarias; además de que hay un trasfondo político, cruel".
Luego dijo: "Este proceso tuvo muchas irregularidades desde un comienzo: no solo que se impidió el ejercicio del derecho de defensa de los imputados, sino que soportaron apremios ilegales en la cárcel, vejaciones y persecuciones dentro de la misma".
La historia
La exdirectora de la escuela albergue 4295 de El Destierro (Anta), Eva Elena Ortiz (41), y su esposo, Walter Climaco Cuéllar (56) fueron detenidos por personal de la comisaría 50, de J. V. González en 2011.
Las actuaciones se iniciaron a las 12.35 por denuncia de Ramona Antonia Rojas (25), una residente en la zona, que denunció la presencia de cuatro menores que se habrían escapado de una finca ubicada sobre la ruta nacional 16 y deambulaban llorando por las calles de la localidad de Coronel Olleros.
Finca El Destierro está ubicada en el corazón de Anta y no tiene ruta de acceso, solo un camino vecinal. Esta denuncia se produjo poco después de una mediática pulseada entre el matrimonio Cuéllar y las autoridades educativas de la Provincia de ese entonces, que decidieron cerrar la escuela albergue con 17 alumnos en su interior. 

El matrimonio Cuéllar, que había habitado el lugar desde décadas atrás educaba a sus tres hijos en la misma escuela albergue, en un plurigrado que compartían con los menores supuestamente explotados por la pareja, cuyo beneficio económico de educar a menores que trabajaban en pequeñas labores nunca pudo ser explicado. 

El testimonio de estos alumnos acabó con 20 años de labor educativa en El Desierto de la docente Eva Ortiz; con los bienes de la familia Cuéllar y, además, produjo la orfandad de sus tres hijos menores, para muchos de los presentes, la únicas víctimas.

No se grabaron los testimonios

Para el defensor del matrimonio condenado, el proceso estuvo viciado de nulidades.

Para graficar lo expuesto dijo, por ejemplo: "Se hizo una entrevista en Cámara Gesell sin notificar ni darle intervención a la defensa; el desarrollo de la entrevista en Cámara Gesell se realizó sin respetar el protocolo para la misma; durante el debate se impidió la publicidad del juicio y para compensar la falta de publicidad, se dijo que se grabarían las audiencias; sin embargo, después de siete meses de audiencia el tribunal informó que por problemas técnicos no se grabaron los testimonios".

Ya en las audiencias, "cuando todo parecía juzgado de antemano, el tribunal después de haber autorizado una nueva entrevista a los menores, revocó su decisión, lo que provocó que se interpusiera recurso de reposición con reserva de juicio político a los jueces", agregó el letrado.

"Recién entonces dieron marcha atrás permitiendo una nueva entrevista en Cámara Gesell a los menores. Es decir que el tribunal oral actuó en todo momento de modo parcial, y no imparcialmente como correspondería, por eso vamos a impetrar juicio político si vemos parcialidad en la sentencia. 

Asimismo -dijo Díaz-, se hizo reserva de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no respetarse las garantías del debido proceso, de la oralidad y publicidad, y por el trasfondo político de la causa. En democracia, en Salta hay persecuciones", finalizó.

Rizoma Multimedios Digitales

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