viernes, 18 de marzo de 2016

Las Universidades Públicas constituyen el garantismo del acceso libre y gratuito a la educación superior de los ciudadanos. Por eso el 50% de los empleos públicos están concentrados en el contexto educativo.

Es consecuencia lógica defenderla de todo intento de supresión, recorte y saqueo, es obligación de su comunidad y en especial de su dirigencia. Esta obligación ética y esta responsabilidad social y moral parecen ausentarse en ciertos gobiernos universitarios de modo consuetudinario.
Cualquier corruptela dirigencial es oprobiosa, más aún cuando esos hechos se producen en el ámbito educativo, lugar insigne de transformación social y pináculo de la construcción de conocimiento.
Es así que la Universidad es autónoma y si bien se compromete ideológicamente, no significa que tenga que hacer de las prebendas con el gobierno de turno una actividad naturalizada.
Durante el rectorado de Claros, su personalidad narcisista determinaría su llamativo accionar personalista y acomodaticio a los gobiernos que se suceden, a nivel nacional y provincial.
Y en ese derrotero, los funcionarios locales vinculados a las ciencias económicas constituyeron su círculo de poder.
Un ejemplo paradigmático sería el del contador Fernando Yarade quien a cargo de la materia Organización Contable del último año de la carrera, no habría asistido a dar las clases por las que percibe remuneración, desde que ocupa un cargo en la función ejecutiva y luego legislativa, constituyéndose en una suerte de famoso ñoqui público.
Dib Ashur, quien pasó drásticamente de JTP a Adjunto, mantiene su cátedra aunque no asiste a la universidad desde que cumple sus funciones en la cartera educativa, vaya paradoja, a nivel provincial.
Del mismo modo, los contadores de la provincia, pareciera que serían los beneficiarios primeros de la gestión de Víctor Hugo Claros, cuando su función específica debiera dirigirse a estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y la sociedad por extensión, no solo a un segmento de ella.
Para muestra basta recordar que durante el Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas realizado en octubre de 2014 en nuestra ciudad, el rector de la UNSa habría abonado la matrícula de doscientos contadores asociados al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, asegurándose la concurrencia al evento y la fidelidad a su persona.
Fidelidad que le sirve para que los graduados de la disciplina concurran masivamente a votar en las elecciones que lo postulan como protagonista, inaugurando un novedoso espacio de clientelismo académico. Las mismas elecciones en las que el Presidente de la Cámara de Diputados proveyó 20 remises exclusivos para el traslado de los mismos graduados con voto cantado.
Cuestión no punible, pero por lo menos con carencia ética por la cercanía en estrategias políticas del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Hugo Ignacio Llimós otrora concejal, con el diputado Godoy. El contador ex edil es hoy compañero de fórmula del actual rector en la postulación al decanato de aquella facultad.
Así, los tejidos de telaraña construyen un entramado que garantiza el apoyo recíproco entre el poder político hegemónico provincial y la casa de altos estudios insigne en la región, mancillando la autonomía que debe primar en el enclave constructor de conocimiento con la responsabilidad social inherente de favorecer el desarrollo productivo social.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Comente Libremente, Sin agresiones y cuidando su vocabulario, este sitio no se hace responsable de los comentarios que realizan los lectores