martes, 8 de agosto de 2017

A través de un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa por la cesión de un hangar a una empresa del ex gobernador Juan Carlos Romero siga su curso en la Justicia provincial, donde el caso ya está listo para que se fije fecha de juicio.


El fallo fue dictado el 4 de julio pasado y consta de dos fojas, en una de las cuales se hace conocer la resolución, mientras que en la siguiente sólo figuran las firmas de los jueces que resolvieron el incidente de competencia por el cual el caso llegó al máximo Tribunal del país.
Al emitir su decisión, los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fernando Rosenkrantz, coincidieron en sostener que el proceso penal en contra del ex gobernador debe seguir bajo la jurisdicción del Juzgado de Garantías 5, tribunal que ya elevó la causa a juicio a instancia del requerimiento solicitado por el ex fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier.
En esta causa, una de las diez que tiene abierta en la Justicia penal salteña por hechos de corrupción durante su paso por la función pública, a Romero se le imputó los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación en perjuicio de la administración, ambos en concurso real.
A su hijo Juan Esteban Romero, se le imputó el delito de "coautor por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública", en su calidad de presidente de Finca La Represa S.A., la sociedad utilizada para defraudar al Estado provincial. Por otra parte, la Fiscalía imputó al ex secretario de Gobierno Raúl Romeo Medina y al ex director de Aviación Civil Ricardo Funes los delitos de cómplices primarios.
Maniobra abortada
Para neutralizar el proceso penal y evitar el juicio oral y público, Romero realizó un planteo ante el juez federal 2 de Salta, Miguel Medina, con quien mantiene una estrecha relación, pues el ex gobernador fue precursor de la creación de ese juzgado, como así también de que sea Medina el titular del mismo.
Ante la Justicia Federal Romero solicitó que el proceso penal abierto en su contra por la cesión ilegal del hangar a una empresa de su propiedad pase de la Justicia provincia al fuero nacional, pues el escenario del delito, el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, es de competencia federal.
Medina aceptó el planteo de Romero y reclamó la competencia de la causa abierta por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, lo que provocó un incidente respecto a la jurisdicción legal del caso, litigio que fue girado a la Suprema Corte para su resolución.
A tal efecto, el máximo Tribunal se expidió y falló para que el caso siga en la órbita de la Justicia provincial. Respecto a los fundamentos, los jueces Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti señalaron en su resolución que compartían en pleno los argumento del dictamen de la Procuración General de la Nación, firmado por el fiscal Eduardo Casal, quien se expidió para que el caso siga en manos de la Justicia provincial.
Una jueza definirá la fecha del juicio
Tras el pedido de juicio en contra de Romero, la causa fue girada a juicio a la Sala II del Tribunal de Juicio. El 23 de diciembre de 2015, la jueza María Victoria Montoya dictó una resolución mediante la cual declaró que la causa ya está lista para que se fije fecha de juicio y que la etapa de presentación de pruebas quedó clausurada.
Respecto a la fijación de fecha de debate, había quedado trabada a partir de un fallo dictado por la Corte de Justicia, presidida por ese entonces por Guillermo Posadas, quien impidió que se siga adelante con el enjuiciamiento de Romero hasta tanto se resuelva un litigio de competencia que se hallaba en la Corte Suprema de Justicia.
Esta instancia, ahora resuelta, dejó el caso a las puerta de juicio y se espera que en los próximos días la jueza fije la fecha de juicio, debate que se espera se lleve adelante de inmediato.
Diez días antes de vencer su mandato como gobernador en el año 2007, y ante el hecho de que iba a dejar de gozar del privilegio de tener un hangar para sus aeronaves, Romero oficializó la cesión de un hangar a la empresa Finca La Represa SA, presidida por su hijo Juan Esteban, quien desde agosto había iniciado un trámite en la Dirección de Aviación Civil para quedarse con ese predio.
Con la ayuda de Funes, en Aviación Civil, y de Medina, en la Secretaría General de la Gobernación, y obviamente la autorización de su padre, el pedido del hijo del entonces gobernador fue aprobado, quedándose así los Romero con el hangar desde diciembre de 2007.
En el año 2012 y a instancia de que en una sesión de diputados salieron a luz detalles de la composición societaria de la empresa que tramitó la cesión del hangar, el entonces fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, abrió una investigación penal en torno a la cesión del hangar.
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