viernes, 29 de septiembre de 2017

El Senado Nacional aprobó ayer por unanimidad, (62 votos) la prórroga por 4 años de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que suspende los desalojos y ordena la realización de un relevamiento de la posesión ancestral.


La aprobación llegó después de un intercambio, corolario de negociaciones de días antes en las que el oficialismo intentó imponer un plazo menor. De hecho, el inicio de la sesión se demoró debido a una reunión de último momento de los legisladores del oficialismo.
Finalmente, sin número para imponer su proyecto, salieron al recinto con la decisión de acompañar el dictamen de mayoría. El día anterior representantes de pueblos originarios de todo el país habían insistido en su pedido de una prórroga de 4 años. Y ayer mismo estaban fuera del recinto legislativo, esperando una sanción como la que llegó.
En la votación en particular el senador Ernesto Martínez (PRO-Cambiemos, Córdoba) hizo un último intento para que se aprobara una prórroga de solo 18 meses y la creación de un Consejo Federal de Asuntos Indígenas, pero no tuvo consenso.
Antes Ángel Rozas (UCR-Cambiemos, Chaco) había dicho que la intención del Poder Ejecutivo era un plazo de 2 años. "Era interesante crear un Consejo Federal, donde participaran los gobiernos provinciales", señaló.
Rozas quizás fue determinante en que el oficialismo se resignara a votar un plazo de 4 años. Anteanoche renunció a la presidencia del interbloque Cambiemos, según trascendidos, lo hizo molesto por "destratos" de parte del Ejecutivo Nacional.
Norma Durango (PJ, La Pampa), Magdalena Odarda (Frente Progresista, Río Negro, presidenta de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas) y Liliana Fellner (FPV, Jujuy) subrayaron que la prórroga solo podía ser por 4 años, y que si el oficialismo quería impulsar otro plazo, debía hacerse una consulta a las comunidades originarias. En general, en las expresiones hubo acuerdo en que esta sanción contribuirá a "la paz social".
Anabel Fernández Sagasti (FPV, Mendoza) criticó la que consideró una campaña para "crear un enemigo interno que no existe". "Da la impresión de que algunos funcionarios de Cambiemos defienden más los intereses de empresarios extranjeros que a argentinos y argentinas", sostuvo.
Tanto ella como otros senadores hicieron reclamos por Santiago Maldonado. "Estamos asistiendo a la segunda colonización", por el interés que despiertan tierras que antes no eran apetecibles, advirtió el senador Marcelo Fuentes (FPV, Neuquén), quien comparó la desaparición de Maldonado con el asesinato del conscripto Omar Carrasco en 1994.
Los votos salteños
La prórroga contó con los votos de los salteños Cristina Fiore (PRS) y Rodolfo Urtubey (PJ), mientras que estuvo ausente Juan Carlos Romero.
Fiore sostuvo la prórroga "es razonable" pero insistió en que debe ser por única vez y que el Estado Nacional "tiene que trabajar" para concluir el relevamiento "porque necesitamos seguridad jurídica". En este punto su discurso se asimiló al de Miguel Ángel Pichetto y Ángel Rozas, en cuanto a la supuesta existencia de "seudoaborígenes".
Fiore dijo que en Salta hay pequeños propietarios que están en conflicto con falsas comunidades indígenas que usurpan sus territorios, un planteo que viene realizando una Asociación de Finqueros Propietarios de los Valles Calchaquíes.
"Me parece que es muy importante que el Estado Nacional tenga la capacidad de separar la paja del trigo y distinguir aquellas comunidades que lo son verdaderamente de las que no son", sostuvo la senadora.
Fiore destacó que Salta cuenta con un Ministerio de Asuntos Indígenas, "fue primera provincia del país", y refirió que hasta el momento "se han registrado 400 comunidades y 275 ya tienen el relevamiento correspondiente". "Creemos que a noviembre vamos a llegar a relevar el 80%". Sostuvo que este trabajo permitió que "ya sean entregadas y adjudicadas a las comunidades más de 700 mil hectáreas", lo que representa el 5% del territorio provincial.
Dijo que esto no se podía haber hecho sin el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y destacó el hecho de que este organismo tenga una titular mujer, "Romualda Durán", dijo por Romelia Durán. Agregó que este trabajo conjunto "se tiene que hacer en todas las provincias".
Faltan la ley de propiedad y de consulta
"Falta Diputados. Pero imagino que no va a ser distinto que en el Senado, así que supongo que va a avanzar nomás", se esperanzó ayer Ulises Yáñez, quien destacó que además de la prórroga, el Congreso tiene también que sancionar la ley de propiedad comunitaria prevista por el Código Civil y Comercial (lo que recordaron algunos legisladores ayer y cuyo anteproyecto fue presentado ya por el ENOTPO) y una ley para establecer la obligatoriedad de los estados de la consulta libre previa e informada.
Yañez es delegado de la Comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas y de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS), organización integrante del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos
Originarios (ENOTPO), y fue uno de los representantes que se llegó a Buenos Aires para visibilizar la necesidad de la prórroga.
"Ayer estuvimos con gente del espacio ENOTPO explicando porqué es necesaria la prórroga de esta ley, que no viene a solucionar el conflicto de fondo pero es una herramienta legal en nuestro territorio", contó.
El tratamiento de la prórroga de la ley 26160 movilizó a los pueblos originarios de todo el país. En Salta hubo manifestaciones en Tartagal y Embarcación.
Nuevo Diario de Salta.

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